Hacia 1925, de acuerdo con las fuentes disponibles, el marco provincial habría sido revisado en profundidad para fortalecer los mecanismos de control, actualizar los criterios de habilitación de salas y precisar con mayor claridad el destino de los recursos generados por la actividad.
Esta reforma consolidó la idea original de 1890 —gestión provincial directa, no privada ni municipal— pero la dotó de reglas más estables y menos dependientes de la voluntad de cada funcionario de turno. En la historiografía local, 1925 suele marcarse como el punto en que el modelo mendocino dejó de ser un antecedente aislado para transformarse en una política de Estado sostenida en el tiempo.
A partir de esta reforma, la provincia contaría con un cuerpo normativo más claro, que sería la base sobre la que, décadas más tarde, se construiría la estructura institucional actual.