En las décadas posteriores a la reforma de 1925, el esquema regulatorio mendocino atravesó distintos ajustes administrativos, acompañando los vaivenes políticos e institucionales del siglo XX argentino. Cada etapa sumó nuevas normas, procedimientos y criterios de control, sin abandonar la idea central de gestión provincial directa.
La multiplicación de reglamentos y la necesidad creciente de contar con una autoridad técnica permanente —en lugar de comisiones ad hoc o funcionarios designados caso por caso— se convirtió en un tema recurrente de discusión dentro de la administración provincial a lo largo de este período.
Este proceso de maduración institucional fue el antecedente directo que llevó, años más tarde, a la creación de un organismo único y permanente dedicado a la autorización y fiscalización de la actividad en toda la provincia.