Los primeros antecedentes
Hacia fines del siglo XIX, Mendoza atravesaba una transformación profunda. La llegada del ferrocarril en 1885 había conectado la provincia con Buenos Aires y con los puertos de exportación, impulsando la expansión de la vitivinicultura y atrayendo capital, inmigración y una vida social urbana que buscaba espacios de esparcimiento acordes a las ciudades europeas que muchos inmigrantes habían dejado atrás. En ese contexto, las primeras salas de juego de salón comenzaron a funcionar de manera informal, generalmente asociadas a hoteles, clubes sociales y casas de recreo frecuentadas por comerciantes, bodegueros y funcionarios.
Fue en ese escenario de expansión económica y renovación urbana donde, según los registros históricos disponibles, la provincia de Mendoza dio un paso que no tenía precedentes en el país: en lugar de tolerar o prohibir estas salas de manera aislada, el Estado provincial avanzó hacia un esquema de autorización y control directo. Hacia 1890, de acuerdo con las fuentes consultadas hasta el momento, se habría organizado en la capital provincial lo que distintas crónicas describen como el primer casino de gestión provincial de la Argentina: una sala de juego cuya habilitación y supervisión quedaban, por primera vez, en manos directas del gobierno de la provincia y no de un privado sin control institucional.
Un modelo pionero en el país
La importancia de este antecedente no radica únicamente en la fecha, sino en el modelo institucional que proponía. Mientras en buena parte del territorio argentino los juegos de mesa seguían funcionando en una zona gris, tolerados o perseguidos según el humor de cada administración municipal, Mendoza ensayó un camino distinto: regular para poder controlar, y controlar para sostener un ingreso fiscal genuino destinado, en teoría, a obras públicas y beneficencia. Este razonamiento —el juego como actividad regulada y fiscalizada antes que prohibida o librada al mercado informal— anticipó por varias décadas la lógica que luego adoptarían otras provincias argentinas a lo largo del siglo XX.
Las salas autorizadas de este período temprano funcionaban en espacios compartidos con la vida social de la elite local: hoteles de la calle principal, clubes de la ciudad y salones vinculados a las actividades de la temporada de cosecha. No existía todavía una infraestructura edilicia propia ni un organismo de control permanente; la supervisión se ejercía a través de reglamentos provinciales y de funcionarios designados caso por caso.
Expansión y consolidación: las primeras décadas del siglo XX
Entre 1900 y los años previos a 1925, la actividad se fue expandiendo junto con el crecimiento demográfico y económico de la provincia. El auge de la vitivinicultura, que convirtió a Mendoza en el centro productivo de vino más importante del país, trajo consigo una vida social cada vez más intensa en la temporada posterior a la cosecha, cuando bodegueros, comerciantes y visitantes de otras provincias buscaban espacios de encuentro. Las salas de juego de salón, ya bajo supervisión provincial, se consolidaron como parte de esa oferta social, en paralelo a los festejos que con el tiempo darían origen a la fiesta de la vendimia tal como se la conoce hoy.
Este período de expansión no estuvo exento de debates públicos. La prensa de la época discutía con frecuencia el rol del Estado como garante de la actividad, los beneficios fiscales que se le atribuían y los riesgos sociales que distintos sectores señalaban. Estos debates fueron, en parte, lo que impulsó una revisión más profunda del esquema regulatorio hacia mediados de la década de 1920.
La reforma de 1925
Hacia 1925, de acuerdo con las fuentes disponibles, el marco provincial habría sido revisado para fortalecer los mecanismos de control, actualizar los criterios de habilitación de salas y precisar el destino de los recursos generados por la actividad. Esta reforma consolidó la idea original de 1890 —gestión provincial directa, no privada ni municipal— pero la dotó de reglas más estables, menos dependientes de la voluntad de cada funcionario de turno.
La reforma de 1925 suele considerarse, en la historiografía local, como el punto en que el modelo mendocino dejó de ser un antecedente aislado y se transformó en una política de Estado sostenida en el tiempo, con reglas escritas y mecanismos de control más claros que los de la etapa fundacional.
De las décadas posteriores a la creación del IPJyC
En las décadas siguientes, el esquema mendocino atravesó distintos ajustes administrativos, acompañando los cambios políticos e institucionales del siglo XX argentino. Con el correr de los años, la multiplicación de normas y la necesidad de una autoridad técnica permanente llevaron a la creación del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC), el organismo que hoy concentra la autorización, la fiscalización y el control de la actividad en todo el territorio provincial.
La creación del IPJyC representa, en cierto sentido, la maduración institucional de la idea que se había ensayado por primera vez hacia 1890: un Estado provincial que no delega en privados la responsabilidad de controlar esta actividad, sino que la asume de manera directa, con estructura administrativa propia y procedimientos definidos.
Por qué esta historia importa hoy
Entender el recorrido institucional de Mendoza permite ver con otra perspectiva el presente de la actividad en la provincia: no como una novedad reciente, sino como la continuación de una política pública con más de un siglo de historia, que nació de forma simultánea con el auge vitivinícola y que todavía hoy convive con la identidad de la vendimia. Este archivo se propone documentar ese recorrido con la mayor precisión posible, señalando con claridad los puntos que requieren verificación académica adicional antes de cualquier uso con fines distintos al informativo.